‘Armados’ con cerca de 50 mil folios repletos de firmas, los alcaldes de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, y de Pereira, Juan Manuel Arango, encabezan la comisión que llegará hoy al Congreso para abogar por el desarme de civiles.
Buscan, mediante una iniciativa popular, modificar el decreto-Ley 2535 de 1993 que regula el porte de armas de fuego y que el real monopolio de la fuerza esté en el Estado.
Los mandatarios, que ya van de salida, buscan convencer a los congresistas, varios de ellos opositores a la iniciativa, de que el porte de armas solo debe ser autorizado a mayores de 25 años que cumplan requisitos como exámenes médicos y psicológicos.
Además, se les exigiría adquirir un seguro obligatorio para darles garantías a posibles víctimas que deje su uso indebido.
De ser aprobado el proyecto, que requerirá ocho debates, todos los alcaldes del país tendrían facultades para expedir decretos que prohiban, de manera temporal, el uso y el porte de armas de fuego. Hoy esa función la tiene exclusivamente el Ejército Nacional.
A quienes desobedezcan la orden se les podría incautar el arma y se le fijaría una multa de dos salarios mínimos legales vigentes. Si se reincide perdería definitivamente el derecho a portar armas.
‘No es conveniente’
La idea de desarmar a los colombianos nació hace un año en Pereira como reacción a las altas tasas de homicidios que tuvo la ciudad en el 2005.
Según las normas, para una iniciativa de este tipo se requiere el apoyo del 5 por ciento del potencial electoral nacional, es decir, un millón 344.728 firmas.
“Se pretende darle con las firmas un soporte popular al proyecto, para que los parlamentarios lo afronten con seriedad”, dijo ayer el mandatario pereirano.
Para Juan López Aroca, secretario del Interior y Participación Ciudadana de Barranquilla, este cambio en la reglamentación hace parte de las medidas que buscan los alcaldes para obrar de manera rápida, sin tener que depender de las autoridades militares para reducir la violencia y la criminalidad.
Y aunque ha sido de buen recibo por la mayoría de alcaldes del país, que se dieron a la tarea de recoger las firmas, que ya fueron avaladas por la Registraduría Nacional, no todos la apoyan.
Por ejemplo Ramiro Tafur, alcalde de Cali, la califica de ‘inconveniente’.
“Pienso que es absurdo que cada persona o que cada alcalde tome una decisión sobre este aspecto. Esto no puede ser de unos sí y otros no.La directriz tiene que venir de una orden nacional, de un Ministerio de Defensa, de la Presidencia de la República”, dijo.
Los promotores del desarme han sido duros críticos de quienes se le oponen.
En su última visita a Pereira, el alcalde Garzón, dijo que la idea fue mal recibida “por ejércitos privados que promueven la venta ilegal de armas y que tienen un negocio silencioso que hace más daño que el narcotráfico”.
Otros que se han opuesto a la propuesta han dicho que no se puede desarmar a la gente de bien, mientras los delincuentes siguen imponiendo la ley del terror.
En los últimos dos años se vendieron en Colombia 26.799 armas.
“No es que nadie pueda portar ningún arma nunca. Se trata de enmarcar la tenencia de armas en espacios de sensatez”.
Juan Manuel Arango, alcalde de Pereira e impulsor del proyecto.
475.000 muertes se han producido en Colombia, con armas de fuego, desde 1979, de acuerdo con cifras que maneja la Alcaldía de Bogotá, y que hacen parte del argumento de la iniciativa.
