Consideraciones a propósito de desarmar a los colombianos de bien
Varios alcaldes del país, junto con ONG y algunas entidades cívicas, han propuesto el desarme total de los ciudadanos que tienen armas legales con sus respectivos permisos –pero no el desarme de los delincuentes-, para lo cual se han estado recogiendo firmas entre la ciudadanía.
Los promotores de esta iniciativa alegan que de esta forma se disminuiría la criminalidad, pues suponen que es con estas armas amparadas que se cometen la mayoría de los crímenes, que ya en nuestro medio son numerosos.
Sobre el particular, la Sociedad Colombiana Tradición y Acción, Entidad cívica que ha venido acompañando y estudiando las causas de los conflictos vividos por el país en las últimas décadas, se permite hacer las siguientes consideraciones, con la certeza de que será tenidas en cuenta en los debates.
Primero: Poseer un arma legalmente es un principio fundamental de Legítima Defensa, reconocido en la Constitución. En un país de altas tasas de criminalidad, y en donde el Estado es absolutamente ineficiente en proteger a los ciudadanos, se torna un derecho fundamental que todos aquellos que necesiten un arma para su defensa personal, puedan tenerla.
Segundo: Desarmar a los civiles honestos y legalmente armados es una medida absurda, pues evidentemente, los bandidos y delincuentes no serán desarmados en ningún caso. Ante una medida de estas, el ciudadano honesto entrega su arma, pero el delincuente jamás lo hará, y además, en esa circunstancia, estará totalmente seguro de que su eventual víctima estará desarmada y no tendrá elementos de defensa.
Tercera: Los delitos cometidos con armas amparadas son mínimos. La inmensa mayoría de los mismos son cometidos con armas clandestinas e ilegales, que se consiguen por montones en el mercado negro. De nada sirve desarmar a unos pocos ciudadanos cumplidores de la ley, cuando los delincuentes tienen acceso a millares de armas, y el Estado poco o nada hace para desarmar a los bandidos, que son quienes cometen la inmensa mayoría de los crímenes.
Cuarta: Un ciudadano honesto que posea un arma legalmente, es un soporte y un punto de apoyo para las autoridades legítimas. Además, es un defensor inmediato de una persona que esté siendo objeto de un crimen, pues con certeza, la ayuda del Estado llegará después de haberse consumado el acto criminal.
Quinto: El Estado no puede estar en todo momento, en todos los lugares, defendiendo a todos los ciudadanos. En Colombia, las circunstancias anormales de presencia de guerrillas, grupos paramilitares, narcotraficantes y delincuentes de toda orden, desborda absolutamente la capacidad del Estado de proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía. Todos sabemos que la Policía, el Ejército y el Das, son totalmente insuficientes para garantizar el orden público, y en la misma forma proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. En muchas regiones apartadas, la presencia de estos organismos es casi nula. ¿Cómo podría prohibirse a los ciudadanos que habitan en esos lugares la única posibilidad que tienen a una defensa legítima?
Sexto: Cuando el Estado prohíbe a los ciudadanos la defensa legítima, debe estar en condiciones de proporcionar una protección absoluta a todos ellos. Y si no lo hace, incurre en la responsabilidad de indemnizar a todos aquellos que son objeto de atropellos por parte de los delincuentes. ¿Cuánto podría costarle esto al Estado colombiano?
Séptimo: El Estado está en todo el derecho de reglamentar el porte de armas y de establecer sanciones para quienes violen las normas establecidas. Pero una vez concedida la autorización, ese permiso debe ser respetado por toda y cualquier autoridad, considerando la inminencia de peligro en que están inmersos numerosos compatriotas, porque sus actividades privadas los pueden colocar en situación de riesgo.
Octavo: Igualmente, la expedición y renovación de los respectivos permisos para portar armas, debe ser atendida en forma eficiente por parte del Estado. Actualmente, este servicio es uno de los más ineficientes, causando grandes inconvenientes a quienes lo solicitan, pues a veces requiere de semanas y meses para hacer los respectivos trámites, lo cual, además, inevitablemente genera corrupción.
Noveno: Según estudios muy serios y objetivos hechos en muchas naciones occidentales, la presencia de ciudadanos armados legalmente disminuye la criminalidad en forma ostensible. Es evidente que hay excepciones, y que también se presentan accidentes desafortunados. Pero son tan pocos los casos, que ello no amerita de ninguna manera que se prohíba el porte de armas.
Por ejemplo, Estados Unidos es el país con mayor número de armas entre la población, lo cual hace que esta nación tenga uno de los índices de criminalidad más bajos del mundo. Es inevitable que se presenten accidentes con niños que manipulan armas sin permiso de sus padres, por descuido de éstos. Sin embargo, es mucho mayor el número de niños que mueren o sufren accidentes graves en las piscinas de sus casas. Es esta una razón para que a alguien se le ocurra prohibir la construcción de piscinas en casas o conjuntos residenciales?
Décimo: En el Brasil, donde los índices de violencia y criminalidad no son mayores que en Colombia, se realizó un referendo sobre el comercio de armas y municiones, en octubre del año 2.005. En total, 92 millones de personas votaron, de las cuales 36% lo hicieron por la prohibición, (33 millones) y 64% (59 millones ) votaron por la necesidad de preservar el derecho a la legítima defensa, permitiendo a cualquier persona el derecho a comprar un arma.
Si eso es en Brasil, donde no hay guerrillas, ni grupos paramilitares, ni organizaciones terroristas activas, tal como las hay en Colombia, ¿Cómo será la opinión en Colombia, donde las amenazas son mucho mayores?
