En los últimos meses se viene abriendo paso en algunos sectores políticos, una polémica propuesta de desarmar a la población civil, prohibiendo el porte de cualquier arma de fuego entre los ciudadanos, so pretexto de que esta medida contribuirá a disminuir el altísimo índice de homicidios que hay en Colombia.
Para analizar los alcances de esta medida, la Sociedad Colombiana Tradición y Acción desea que todos los que intervienen en los estudios sobre el tema, tengan presente los argumentos contenidos en este análisis. Los adalides del desarme desconocen algunas verdades indiscutibles, ocultan evidencias, tergiversan situaciones, todo con el ánimo de crear un ambiente psicológico favorable a que amplios sectores de la opinión pública lleguen a la conclusión de que prohibir el porte de armas genera la inmediata reducción de la criminalidad.
Los alcaldes de Bogotá, Medellín y Cali, las tres ciudades más importantes del País, son los abanderados del proyecto. Con recursos públicos, contratando empleados para conseguir firmas que respalden la iniciativa, se pretende llevar al Congreso de la República una especie de clamor popular a favor de la paz, la cual se obtendría desarmando a todos aquellos que poseen un arma legalmente, y tienen un permiso que los autoriza a portarla para su legítima defensa, expedido por las autoridades.
A simple vista, la medida parece atractiva, popular y puede llevar a muchos a pensar que en realidad esa sería una gran contribución para disminuir la criminalidad. Para la mayoría de los ciudadanos, que no tiene elementos de juicio especializados sobre el tema, parecería muy razonable que el Estado decida que nadie debe portar un arma, a excepción de la fuerza pública, es decir, los miembros de la Policía y de las Fuerzas Militares.
Sin embargo, haciendo un análisis más profundo sobre el tema, este primer raciocinio no es tan verdadero como parece. Por esta razón pasaremos a hacer un análisis más exhaustivo sobre la materia, para que sirva de guía y de punto de referencia a muchos colombianos, que no están bien informados, o que reciben una información manipulada por ciertos sectores ideológicos, con fines políticos y psicológicos muy definidos.
Las armas legales intimidan a los delincuentes
En un país como Colombia, donde los índices de criminalidad son de los más altos del mundo, tanto en materia de homicidios como de secuestros y asaltos. ¿Qué pasaría si todos los delincuentes supiesen a ciencia cierta que todas sus eventuales víctimas están desarmadas e indefensas? Y que, por más que la víctima pida auxilio en el momento del delito, nadie que esté en condiciones de ayudar va a tener un arma para defender al agredido. Obviamente, lo más probable es que esta situación facilite la comisión del delito, en vez de evitarlo…
Negar a los ciudadanos el derecho a portar armas en un país violento y con altas tasas de criminalidad, es negar uno de los más sagrados derechos del ser humano:el derecho a la Legítima Defensa.
No es lo mismo que en cualquier nación en donde las autoridades protejan real y eficientemente a los ciudadanos, se niegue el derecho a portar armas. En ese caso hipotético, las posibilidades de que una persona sea asaltada o asesinada son remotas. En el caso de Colombia es todo lo contrario. Enormes regiones de nuestro territorio ni siquiera poseen presencia de las autoridades.
Sugestivamente, nadie pide el desarme de las grandes organizaciones criminales
Un aspecto fundamental de esta polémica acerca del desarme, es ignorada, probablemente en forma mal intencionada y casi podría decirse de mala fe. Los propugnadores del desarme aseguran que esta medida hará cesar la criminalidad, pero ninguno de ellos dice una sola palabra sobre una cuestión fundamental: ¿Quiénes son los que cometen los miles de crímenes que ellos pretenden evitar con esta medida?
Para responder a tan importante interrogante, veamos lo que dice el más serio y objetivo análisis que se ha hecho al respecto. En un contundente informe elaborado por las Naciones Unidas, dado a conocer en diciembre de 2.006, con el título Violencia, crimen y tráfico ilegal de armas en Colombia, se llega a dos conclusiones fundamentales:
a./ Con las armas legales sólo se comete el 3,8% de los homicidios.
Desde al año 2.001 el Ministerio de Defensa viene estudiando la relación entre armas legales y homicidios. Haciendo una comparación que tiene como base la ciudad de Bogotá, se llega a la conclusión de que con las armas legales sólo se comete un 3,8 % de los homicidios. Siendo que las características del análisis son similares en casi todas las regiones del País, con pequeñas variaciones, puede afirmarse que en Colombia la inmensa mayoría de los crímenes son cometidos con armas de fuego ilegales. (pag. 23. Fuente: Ministerio de Defensa. Homicidio y control de armas en Colombia, 2.001. Página web www.mindfensa.gov.co)
b./ La violencia y la criminalidad en Colombia tienen un origen selectivo.
La gran cantidad de homicidios y demás delitos cometidos con armas de fuego no obedece a que un número determinado de personas anden armadas por las calles y de un momento a otro pierden el juicio por cualquier motivo y se les ocurra comenzar a disparar, matando a una o a varias personas. Hacer semejante afirmación sería faltar a la verdad de la forma más vil y descarada que pueda imaginarse. Esto es tan obvio, que ni siquiera vale la pena tomarse la molestia de demostrarlo. Es de esas verdades que hasta el menos informado sabe que esto es indiscutible.
En cambio, lo que sí es obvio, y tampoco necesita demostración alguna, es que existen numerosas organizaciones criminales y terroristas, con miles de fusiles que han entrado de contrabando gracias a un gigantesco comercio mundial que las abastece. Estas organizaciones armadas persiguen objetivos políticos, ideológicos y económicos perfectamente definidos, de amplísimo conocimiento de la opinión pública, pues lo que menos puede afirmarse es que sean secretos. En tal sentido puede afirmarse sin el menor temor a equivocarse, que absolutamente toda la población los conoce; y en especial las autoridades y nuestros gobernantes lo saben perfectamente, y no hay un solo día del año, ni una hora del día siquiera, en que este conflicto no se manifieste de alguna forma.
Y cuáles son esas organizaciones? Fundamentalmente son cuatro:
1./ Las guerrillas marxistas. La más grande y beligerante son las FARC , pero también está el ELN y el EPL. En su momento, también figuró con destaque el desaparecido M-19.
2./ Las Autodefensas. Surgieron en la década de los 90 como una respuesta al progresivo aumento de la guerrilla marxista, y a que los gobiernos de turno prefirieron claudicar ante la subversión, enredándose en falsos procesos de paz que dejaron a la inmensa mayoría de la población de Colombia a merced de los criminales. Estos grupos crecieron vertiginosamente, generando muertes y masacres por doquier, que hoy son motivo de numerosos escándalos y de investigaciones por parte del Estado.
3./ Las bandas de narcotraficantes. Los diversos carteles de la droga también crearon ejércitos propios, con escuadrones de sicarios que asesinaban a sangre y fuego a los competidores y a todos los representantes de la autoridad legítima que se les oponían con valor y heroísmo. ¿Se podrá saber algún día el número de policías, soldados, jueces, religiosos y gobernantes que fueron asesinados por estas mafias implacables, y también de ciudadanos del común que de una forma u otra se opusieron a los caprichos de estas bandas asesinas?
4./ Las bandas de delincuentes comunes. Por último, en esta espiral de crímenes sin control, también las bandas de secuestradores, asaltantes de bancos, ladrones de carros y responsables de muchos otros delitos, se organizaron en las principales ciudades y zonas rurales del país, y continúan delinquiendo en asocio de guerrilleros, paramilitares, mafiosos, o en su provecho exclusivo.
En los 20 años transcurridos entre 1.980 y el 2.000, aproximadamente, estas cuatro tenazas criminales estuvieron a punto de derribar el Estado de Derecho en Colombia, sembrando el caos, la anarquía y la desesperanza en todo el territorio nacional. Acaso esto es una verdad desconocida? Quién, que viva en Colombia o acompañe nuestro conflicto podría ignorarlo? Nadie, absolutamente nadie…
Y una verdad que nadie saca a relucir, es que estas cuatro tenazas criminales, como las acabamos de llamar, son responsables del 96 % de los crímenes cometidos con armas de fuego en nuestra patria.
A esto el contundente informe de la ONU lo llama “violencia selectiva”. Cada uno de estos grupos siempre ha tenido un objetivo perfectamente claro sobre qué tipo de personas debe matar. Casi podría decirse que la mayoría de las víctimas son escogidas, señaladas, perseguidas y asesinadas por una razón especial, de acuerdo a la orientación del victimario en cuestión.
La guerrilla asesina integrantes de la sociedad que se identifican con el liderazgo empresarial, además de las autoridades que los persiguen, y a los campesinos, con el fin de sembrar el terror y dominar las diversas regiones. Las autodefensas asesinan a los líderes y auxiliadores de la subversión. Los narcotraficantes asesinan a quienes compiten en el mismo negocio y a las autoridades legítimas que los persiguen o que se niegan a aceptar sus extorsiones. Y las bandas de delincuentes comunes asesinan a quienes de una u otra forma interfieren en la ejecución de sus crímenes.
Y todos ellos juntos, son responsables del 96 % de los crímenes, como ya lo dijimos antes.
Sin embargo, lo más escandaloso de este análisis, lo que debería producir verdadero horror entre todos los analistas, lo que ninguno de los promotores del desarme de la población indefensa se atreve a decir, es lo siguiente: ¿Por qué no se propone el desarme de estos grupos, por medio de una persecución implacable de las autoridades, con la ayuda de los ciudadanos honestos y cumplidores de la ley, como somos la inmensa mayoría de los colombianos?
Pues no. Aunque parezca increíble, esa propuesta nadie la hace. En cambio, de forma incomprensible, sólo se habla de desarmar a los ciudadanos que tienen sus armas registradas legalmente, con permisos vigentes, y que además son un invaluable apoyo para garantizar la seguridad de toda la comunidad. ¿Que algunos de ellos comenten homicidios? Si, es verdad. Pero esos casos representan menos del 4 % del total, y además, algunos de ellos, en número no precisado, corresponden a casos de legítima defensa, ante ataques criminales contra el derecho a la vida, honra y bienes de la persona afectada.
En cambio, a quienes cometen el 96% de los mismos, nadie los amenaza con desarmarlos, sabiendo que todas las armas que ellos tienen son ilegales, y la mayoría son de uso restringido a las Fuerzas Militares. (Violencia, crimen y tráfico ilegal de armas en Colombia. ONU. Responsable: Sandro Calvani. Representante para Colombia. Pag. 16).
Un ejemplo didáctico
Un ejemplo que podría ilustrar esta dramática situación, sería el siguiente. Imaginemos que un grupo de personas encargan a un vigilante la custodia un enorme depósito, lleno de sacos de café, o de cualquier otro producto. Con asombro, con el correr de los días, todos notan que en las noches, una cantidad importante de la mercancía en cuestión desaparece, por la acción de algún ladrón desconocido.
Comienzan a investigar, y notan que todas las noches, un misterioso ladrón entra en el lugar, carga sobre sus hombros un bulto y desaparece en medio de la oscuridad. Sin embargo, no es ese misterioso ladrón el único que hace de las suyas, mientras el vigilante cumple con su labor en forma descuidada e indolente. Resulta que también, a determinada hora de la noche, un enorme camión surge de las tinieblas, de él desciende un verdadero ejército de asaltantes, y en un santiamén, el camión es cargado hasta el tope con las mercancías que supuestamente están siendo custodiadas. Y al igual que el otro personaje, esta acción se repite todas las noches…
Cuando los dueños de las mercancías investigan lo que pasa y descubren lo que acontece, deciden tomar todas las medidas punitivas y comienza una persecución implacable contra el ladrón solitario, que todas las noches se roba un bulto del depósito. Sin embargo, cuando observan el enorme camión, del cual desciende una numerosa pandilla que se roba cien veces más mercancías que el otro bandido, no hacen nada para impedirlo.
Si esto no fuera una ficción didáctica, sino una cruel realidad, uno se preguntaría si aquellos hombres no habrán perdido la razón. Perseguir implacablemente a quien roba un bulto pero dejar en la más absoluta impunidad a quienes roban cientos, sólo puede ser calificado como una actitud desquiciada e incomprensible. Guardadas las proporciones, ésta es la triste realidad de Colombia…
Como hemos visto, aprobar una medida de esta naturaleza y desarmar a los que tiene armas en forma legítima, pero no a los grupos criminales que son los responsables de la inmensa mayoría de los crímenes, lejos de ayudar a pacificar el País y disminuir la criminalidad, va a producir el efecto contrario.
