El Gobierno de Etiopía declaró al país en estado de emergencia durante seis meses este martes para evitar una avanzada mayor del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF). El conflicto entre los rebeldes y las autoridades etíopes inició en 2020, cuando el primer ministro, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva militar en Tigray en respuesta a la toma de bases militares por parte del TPLF. Desde entonces, miles de personas han muerto y millones se han visto desplazadas a la fuerza.
El Gobierno de Etiopía declaró al país en estado de emergencia durante seis meses, esto, para contrarrestar la ofensiva del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF), que afirmó haber capturado las ciudades de Dessie y Kombolcha en los últimos días, urbes ubicadas a 380 km de la capital, Addis Abeba.
Si bien el Gobierno etíope desmiente la toma de las dos ciudades, denunció que los rebeldes mataron a 100 jóvenes en Kombolcha.
El estado de emergencia entró en vigor inmediatamente después del anuncio. Sin embargo, será presentado ante la Cámara de Representantes en un plazo de 48 horas. La medida fue ordenada por el Consejo de Ministros de la nación y anunciada por el ministro de Justicia, Gedion Timothewos.
Timothewos dijo que el país “enfrenta un grave peligro para su existencia, soberanía y unidad. Y no podemos disipar este peligro a través de los sistemas y procedimientos habituales de aplicación de la ley”. Y agregó que “el Gobierno tiene la obligación moral y legal de proteger de sus enemigos internos y externos la existencia del país, la soberanía y la integridad territorial”.
Por su parte, Abiy Ahmed, el primer ministro de Etiopía, urgió a los ciudadanos a poner “temporalmente sus asuntos cotidianos en espera y a unirse y a organizarse para poner todas las armas y recursos al servicio de la guerra contra el TPLF”.
El lunes por la noche, los rebeldes de Tigray habían informado de su alianza con combatientes de la etnia Oromo, también enfrentada al Gobierno central. Algunos líderes políticos de este grupo se encuentran en prisión.
El portavoz de TPLF, Getachew Reda, aseguró que “si el Gobierno cae, definitivamente tendremos un arreglo interino”.
La última vez que Etiopía impuso una medida como esta fue en febrero de 2018, antes de que Abiy Ahmed llegara al poder. Entonces se impusieron toques de queda y miles de personas fueron detenidas.
El estado de emergencia permite entrenar a civiles para combatir
El estado de emergencia permite controles de carretera, toques de queda y la toma del control militar. Además, restringe el derecho de manifestación y de cualquier acto que interrumpa la producción o sabotee los servicios económicos esenciales. También se prohíbe fomentar el apoyo a los grupos armados.
El decreto también autoriza a las autoridades entrenar para el combate a los ciudadanos mayores de edad que posean armas. En las partes más vulnerables de Etiopía, se podría suspender de sus cargos a líderes políticos para sustituirlos por otros dirigentes civiles o militares.
Todo aquel que pueda ser sospechoso de colaborar con fuerzas enemigas, ya sea económicamente, materialmente, o moralmente, podría enfrentarse a entre 3 a 10 años de cárcel.
El decreto enciende las armas internacionales
La Unión Europea ha reaccionado ante el decreto de estado de alarma. Josep Borrell, alto representante para la Política Exterior y Seguridad del bloque, escribió en su cuenta de Twitter que “la UE está alarmada por el estado de emergencia declarado en Etiopía”.
Además, aseguró que “los Estados miembros de la Unión se oponen a cualquier movimiento del rebelde Frente Popular de Liberación Tigray (FPLT) y de los insurgentes de la etnia oromo del Ejército de Liberación Oromo (ELO) para atacar o asediar Adís Abeba”.
Borell también dijo que “la movilización masiva del Gobierno sólo arrastrará al país y a sus ciudadanos a una mayor guerra civil y desintegración” en una nación que lleva ya casi un año en guerra. Y agregó que “todos los partidos tienen el poder y la oportunidad de abrazar la paz. Es el momento de silenciar las pistolas”.
ONU : “Está en juego la estabilidad de Etiopía y de la región en general”
Stephane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que el alto funcionario está “extremadamente preocupado” por los últimos acontecimientos en Etiopía. Y agregó que “está en juego la estabilidad de Etiopía y de la región en general”.
Por su parte, la Administración del presidente estadounidense Joe Biden acusó a Etiopía de “graves violaciones de los derechos humanos reconocidos internacionalmente” y eliminó al país africano del acuerdo comercial African Growth and Opportunity Act (AGOA), que le da acceso libre de aranceles a los Estados Unidos a esta nación.
El Ministerio de Comercio de Etiopía confesó estar “extremadamente decepcionado” por esta decisión. “El Gobierno etíope toma en serio todas las acusaciones de derechos humanos: las estamos analizando y realizando investigaciones y estamos comprometidos a garantizar la rendición de cuentas”, dijo.
El conflicto entre el Gobierno etíope y los rebeldes del Tigray
El decreto sucede a las amenazas de los rebeldes de Tigray y al intento de la toma de grandes ciudades. Días antes, el Gobierno de Etiopía y sus aliados habían lanzado bombas a la capital del Tigray, Mekele, ofensivas por las cuales se les ha acusado de la muerte de varios civiles.
El conflicto entre el TPLF y el Gobierno central detonó en la noche del 3 de noviembre de 2020. En ese entonces, las fuerzas del TPLF, junto con algunos soldados, tomaron bases militares en Tigray alegando una inminente ofensiva por parte del Gobierno central, que llevaba tiempo apartando del poder al TPLF y a sus dirigentes. En respuesta, Abiy ordenó una ofensiva militar.
El TPLF había permanecido en el poder durante casi 30 años. Pero cuando Abiy asumió el cargo en 2018 perdió casi toda su influencia en medio de una purga a su dominio político impulsada por el primer ministro.
Según la ONU, desde entonces, miles de civiles han muerto, más de dos millones se han visto forzados a desplazarse dentro de Tigray, mientras que al menos 75.000 etíopes han huido a Sudán. Además, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU afirma que casi siete millones de personas afrontan una “crisis de hambre” por la guerra.
Con EFE y Reuters
