Los altísimos niveles de violencia en Venezuela -uno de los más elevados de América Latina- están conduciendo a distintos sectores de la sociedad a clamar en conjunto por una política de desarme inmediata, con la esperanza de que ello ayude a disminuir la tasa de homicidios, que se ubica en 56 por cada 100.000 habitantes.
Organizaciones dedicadas al trabajo de la reducción de la violencia -desde la escuela, la familia y la comunidad- están centradas en construir una plataforma a favor del desarme en Venezuela, que se asemeje a procesos exitosos como los de Argentina, Brasil o Guatemala.
“Queremos proveer al Estado de argumentos sólidos que justifiquen la necesidad de un desarme de la población. Es una necesidad imperiosa”, dijo Leonardo Rodríguez, director de un programa de reinserción para adolescentes en la Casa Don Bosco de Sarría.
En esta iniciativa están colaborando la organización no gubernamental Luz y Vida, de Petare; Fe y Alegría y especialistas que trabajan en el tema de la violencia urbana.
La preocupación también ha alcanzado algunas instancias del Estado. En marzo pasado, el presidente Hugo Chávez creó el Consejo Nacional de Prevención y Seguridad Ciudadana, con el propósito, entre otros objetivos, de evaluar la política de desarme. La semana pasada el mencionado consejo llamó a varias de estas organizaciones para escuchar sus propuestas para disminuir los niveles de violencia.
Venezuela cuenta con una Ley de Desarme -de 17 artículos- desde 2002. Sin embargo, no se ha implementado cabalmente. Tanto en el sector gubernamental como entre los especialistas se señala que fue una ley nacida al calor de la polarización política de 2002 y, por lo tanto, es poco técnica.
Esas razones llevaron a la directiva de la Asamblea Nacional, a inicios de este año, a considerar su reforma. En la Comisión de Defensa se acordó reescribirla y unirla a la de Armas y Explosivos, que data de 1939. “Es hora de aportarle al ordenamiento jurídico y a la sociedad una norma que responda a un hecho social, como es la inseguridad permanente”, comentó el presidente de la Comisión de Defensa, Juan José Mendoza.
El diputado adelantó que el proyecto de ley se encuentra listo para su discusión en la plenaria la semana que viene. Informó que el tema del desarme es uno de los cuatro títulos que tiene el proyecto, al cual dedicaron dos capítulos, y se denominará “Recuperación de armas”.
Registradas y con licencia. En este aspecto de desarme, la nueva ley regulará la tenencia tanto de las armas lícitas y como de las ilícitas. Para las primeras se establecerá un registro obligatorio, así como exigencias en las condiciones de almacenamiento.
“Las personas que posean armas deberán acudir en un lapso de 90 días a registrarlas. Se les darán facilidades”, dijo.
Este periodo también estaba contemplado en la ley anterior. Lo que cambiará es que no habrá multa si se incumple el registro ni tampoco estímulo económico a quien entregue un arma, sino una penalización básica que implica 11 años de cárcel.
Vencido ese primer lapso de registro, cualquier arma en manos de la población será considerada por el Estado como un arma de guerra, explicó el legislador. Para ellas se abrirá otra fase de registro y las que no lleven porte o licencia serán incorporadas al parque nacional de armas.
“Si no se registran, vendrá la requisición. El Estado puede ir a buscarlas sin indemnización ni proceso. Es un método expedito para poder controlar las armas y las municiones”, explicó.
Asimismo, el proyecto prevé implementar un sistema de control y registro para las municiones, lo cual es algo novedoso. Por ejemplo, se limitarán los cargadores a dos por arma y cada uno no podrá tener más de 17 cartuchos. También se establecerá un límite de compra de municiones (no más de 50 cartuchos al año por persona).
Habrá 10 tipos de licencia para tenencia de armas, la exigencia de adquirir un seguro de responsabilidad civil y se estudia aumentar la edad mínima para portar armas a 25 años de edad, como es la tendencia en países de América Latina (en Brasil la edad es de 22 años y en Colombia de 25).
Fuente:
El Nacional – Venezuela
