La acción terrorista, que comprometió dos vidas y afectó a otras 39 personas, habría sido alertada por la Defensoría del Pueblo, que desde el año pasado emitió una alerta temprana. Diferentes sectores coinciden en que estos hechos están al margen de la coyuntura política.
El CAI afectado por el atentado ha sido punto de encuentro para homenajes a los dos niños fallecidos. / Gustavo Torrijos
El CAI afectado por el atentado ha sido punto de encuentro para homenajes a los dos niños

La tragedia hoy tiene dos nombres: Daniel Duque y Salomé Rangel. Él tenía 12 años y ella cinco. Además de unirlos el hecho de haber vivido en el mismo sector de Ciudad Bolívar, también tiene en común ser las más recientes víctimas mortales de la violencia, que ha venido ganando terreno en la capital.

Las historias de estos menores de edad, reconocidos por sus aptitudes y sueños, hicieron conmover a buena parte del país, tras la noticia del atentado contra el CAI del barrio Arborizadora Alta, en el sur de Bogotá. Y cómo no sentir propias estas muertes, si se trataba de niños ajenos a la violencia, que fueron alcanzados por la onda de la detonación del artefacto explosivo cuando caminaban por la zona. “Pudo ser mi hijo”, es en lo que coinciden los vecinos.

Frente a lo sucedido, que agudiza la situación de seguridad, las autoridades responden lo que pareciera estar en un libreto: “Es motivo de investigación”, “se ofrece una millonaria recompensa por su captura” o “se aumentará el pie de fuerza para garantizar el orden”. Pero hasta ahora de acciones concretas no hay nada, y eso se ve reflejado en el espacio que gana la delincuencia.

Tal y como pasó en el primer atentado, el pasado 5 de marzo en cercanías a la estación de Policía del barrio Sierra Morena, en esta oportunidad, tres días después de la explosión de este fin de semana, las labores de inteligencia de las autoridades no han arrojado mayores indicios de quién sería el autor material.

En cuanto a la responsabilidad del ataque, el frente 33 de las disidencias de las Farc, al mando de Javier Alonso Veloza García, alias John Mechas, quien tiene circular roja de Interpol y por el que Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta US$5 millones, se habría atribuido el hecho. Por medio de un video, la organización argumentó que serían acciones para “conmemorar la celebración de la muerte de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo”, que se registró el 26 marzo de 2008.

“Se les orientó a todas las unidades desplegadas a lo largo y ancho de todo el territorio del Magdalena Medio hacer actividades militares, de propaganda y culturales. (…) La activación de una carga explosiva en Ciudad Bolívar, en Bogotá, contra un CAI de Policía”, se escucha en el discurso, que fue difundido por redes sociales.

La desaparición temporal de actos terroristas nunca significó su superación definitiva.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, después del comunicado, indicó que la institución está trabajando de la mano del FBI y el grupo antiterrorismo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) para llegar a alias John Mechas. “Estamos en una articulación desde el sábado para llegar a los responsables del outsourcing criminal en Bogotá y los responsables de la contratación de estos grupos en la capital de la República”, dijo.

La atribución de la acción terrorista se dio la noche de este domingo, horas antes de que los médicos de la Fundación Hospital Pediátrico La Misericordia confirmaran la muerte de Salomé, la niña a la que inicialmente diagnosticaron con muerte cerebral, producto de las contusiones que sufrió en la cabeza.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here